Hace unas semanas os hablaba de los múltiples problemas que había surgido con la elaboración del Anteproyecto de Ley del Cine principalmente porque no se había logrado un concenso con gran parte del sector audiovisual. Muchos de los afectados como son las televisiones y los exhibidores acusaron al Ministerio de Cultura de escuchar solo a los productores ignorando a las otras partes. A inicios del mes de abril el anteproyecto debería haber sido aprobado en el Consejo de Ministro dándose el primer gran paso antes de su llegada a las Cortes pero ante la falta de acuerdo entre las partes se decidió dejar en suspenso la elaboración de la Ley del Cine hasta la llegada de un acuerdo, aunque las partes parecen no estar por la labor.

Ahora el Gobierno se encuentra con un nuevo obstáculo para la elaboración de la Ley del Cine ya que el Tribunal Supremo duda sobre si la actual Ley cumple con los tratados y directivas comunitarias en cuanto a la obligación impuesta a las televisiones privadas a invertir en la industria del cine, concretamente el 5% de sus ingresos, y ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas que se pronuncie al respecto.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo plantea tres cuestiones al Tribunal de la Unión Europea antes de dar su fallo al recurso que fue presentado por UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas) contra el Real Decreto que regula la inversión obligatoria en largometrajes cinematográficos, mientras se espera la respuesta del Tribuna Superior de Justicia de las Comunidades Europeas el proceso está en suspenso.

El Tribunal Supremo pregunta en primer lugar si la Directiva del Consejo sobre coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros de la Unión Europea permite a éstos imponer a los operadores de televisión que destinen un porcentaje de sus ingresos a la financiación anticipada de películas cinematográficas y de televisión europeas.

La segunda pregunta, complementaria a la primera, es si la Ley de Cine de España es conforme con esa Directiva que impone tal obligación y si cumple con el artículo 12 del Tratado de la Comunidad Europea, una norma nacional, que además de incluir la citada obligación de financiación anticipada, reserva el 60% de dicha financiación a obras en español.

Y en último lugar, si esta obligación impuesta por una norma nacional es una ayuda del Estado en beneficio de la industria cinematográfica.

Estas cuestiones se han plasmado en el auto del Supremo, con fecha del 18 de abril de 2007 y notificado el pasado jueves a las partes, según UTECA apoya su tesis de que la Ley de Cine es contraria al Derecho Comunitario.